Isapres en crisis: Nueva resolución aumenta la tensión en medio de cobros por prima GES
El panorama se complica para las isapres: el último dictamen del principal ente jurídico del país podría agravar su crisis, al referirse a los cobros de la prima GES. Aunque la demanda de reembolsos lleva meses en marcha, las instituciones enfrentan desafíos ante los montos que, según ellas, exceden sus recursos.
La Corte Suprema ha emitido una nueva sentencia vinculada a las Isapres, lo que añadiría otro capítulo crítico a estas entidades.
Anteriormente, la Corte ya había aceptado varios recursos de protección que demandaban la implementación de la tabla de factores por parte de las Isapres, bloqueando así el aumento en los planes.
Aunque este último aspecto se cumplió, las isapres incrementaron las tarifas asociadas a la prima GES (Garantías Explícitas en Salud) en octubre de 2022.
Por consiguiente, este reciente fallo ha decidido invalidar esa acción para todos los afiliados, lo que podría resultar en reembolsos por superar los límites establecidos.
A diferencia de los individuos inscritos en Fonasa, quienes financian las Garantías Explícitas en Salud (GES) con un 7% de su ingreso imponible, los afiliados a las isapres están sujetos a los precios fijados por cada entidad. A continuación, se presentan los montos correspondientes (mensuales):
Con el resultado de este nuevo fallo, las isapres deberán reajustar el cobro GES al tope anual (7,14 UF).
¿Qué va a pasar con las Isapres?
Con todos estos elementos en consideración y bajo el impacto de la reciente decisión de la Corte Suprema, existe la posibilidad de que los afiliados reciban reembolsos por los pagos excesivos realizados desde octubre del año pasado (relacionados con el GES).
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Sin embargo, el siguiente paso quedará en manos de la Superintendencia de Salud, que deberá determinar el procedimiento a seguir en este eventual proceso.
A través de comunicados públicos, las isapres han subrayado que las decisiones judiciales y las propuestas gubernamentales parecerían orientarse hacia la formación de un monopolio estatal, lo que, según afirman, “afectaría el acceso a la atención médica para todos los chilenos”.
Además, consideran que las posibles devoluciones, que han sido objeto de cuestionamiento histórico, serían “inviables”.
En mayo pasado, Víctor Torres, Superintendente de Salud, indicó con el primer dictamen de la Corte Suprema en mano que las instituciones podrían tener que reembolsar “1 billón 121 mil 615 millones 765 mil 157 pesos”.
Alegando pérdidas debido a la migración de afiliados a Fonasa y a la congelación de los precios de los planes, las isapres han afirmado que no están en posición de afrontar tales reembolsos, lo que resultaría en un “déficit permanente” que podría llevar al cierre de las instituciones.
Salida masiva de usuarios Isapres a Fonasa
En el contexto de esta crisis, una cantidad significativa de individuos optó por trasladarse a Fonasa. Camilo Cid, director de la entidad, informó en mayo de este año sobre la migración de 360 mil personas del sistema privado al público entre enero de 2022 y marzo de 2023.
Si se observa un período más extenso, en un lapso de 3 años (hasta enero de 2023), un total de 548 mil personas hicieron la transición del sistema privado al público. Cid ha reconocido que esta tendencia seguirá en la misma línea.
En relación a las preocupaciones de que esta situación pueda sobrecargar aún más a Fonasa, y con la posibilidad de una migración involuntaria, el Ejecutivo ha manifestado su compromiso de fortalecer al Fondo Nacional de Salud, garantizando que su estructura esté sólida.
Además, ha surgido un nuevo concepto: “Fonasa Plus”. Esta noción introduce la idea de un plan “premium” destinado a permitir que los antiguos afiliados a isapres mantengan niveles de cobertura y acceso “lo más similares posible”.
ODECU
Simultáneamente, el 25 de julio, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) reveló que ha presentado una demanda en contra de las Isapres Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Más Vida y Vida Tres. Esta demanda se basa en “cobros excesivos realizados, al menos desde 2011, a todos sus afiliados”.
La organización enfatizó que las Isapres están legalmente obligadas a ajustar los costos de los planes de salud de sus afiliados en respuesta a los cambios en las circunstancias que definen los factores de riesgo. Sin embargo, a lo largo de más de una década, no han realizado estas reducciones.
Esto ha resultado en “un exceso de cobro de $5.400 millones de dólares a sus afiliados”, según los cálculos de Odecu.
No obstante, esta demanda presenta un enfoque adicional: busca establecer un mecanismo para el reembolso de la deuda a todos los afiliados, sin generar efectos relativos, pero sin poner en peligro la solidez financiera de las isapres. La razón detrás de esto es que garantizar su viabilidad económica es la manera de asegurar el cumplimiento de esta deuda.
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